Las instituciones rara vez desarrollan proyectos de alta contención con suficiente frecuencia como para mantener internamente todas las competencias necesarias para evaluar cada decisión técnica, contractual o constructiva que surge durante la ejecución.

Mientras tanto, diseñadores, contratistas y proveedores operan desde alcances y responsabilidades diferentes. Una sustitución puede reducir costos pero alterar un criterio de desempeño; una decisión de obra puede resolver un problema inmediato pero crear dificultades de mantenimiento; una orden de cambio puede modificar una condición crítica definida mucho antes en el proyecto.

Sin una función técnica independiente que represente al propietario, estas decisiones pueden acumularse sin que nadie evalúe su efecto conjunto sobre la contención, la operación futura o los compromisos institucionales de largo plazo. Cuando esa función se incorpora tardíamente, también puede ser necesario reconstruir la lógica técnica, los criterios y las decisiones que ya han producido la condición actual.