Artículo

Introducción

Este documento de contexto ofrece una visión general de diversas características de la región de América Latina y el Caribe (ALC) que la hacen especialmente vulnerable a las emergencias de salud. Examina la diversidad multidimensional de la región, sus enfermedades endémicas y (re)emergentes, y la desigualdad regional, con especial atención a la atención sanitaria. Asimismo, considera las formas en que las prioridades económicas están conduciendo a la deforestación, a una creciente interfaz entre los seres humanos y la vida silvestre, y a la pérdida de biodiversidad, factores que en conjunto aumentan el potencial de aparición de enfermedades zoonóticas en toda la región. Los factores políticos y económicos complican aún más el desarrollo de capacidades regionales o nacionales para prevenir o responder a crisis sanitarias. Muchas de estas cuestiones están presentes en la creciente participación de China en la región de ALC y se ven exacerbadas por el aumento de su influencia. El documento concluye que ALC no sólo es un hotspot de enfermedades, como han señalado diversos estudios, sino que además existen las condiciones para una “tormenta perfecta” en la región, en la que las enfermedades nuevas o (re)emergentes, especialmente las zoonóticas, son cada vez más probables al mismo tiempo que los Estados de la región enfrentan una serie de presiones que dificultan su capacidad para vigilar, prevenir y responder a eventos sanitarios nacionales o regionales. La rápida propagación y el devastador impacto de la COVID-19 en ALC, a pesar de que las autoridades sanitarias dispusieron de un tiempo considerable para prepararse antes de que apareciera por primera vez en la región, ilustran los desafíos muy reales que enfrenta ALC en este contexto.

América Latina y el Caribe: una región extraordinariamente diversa

La región de América Latina y el Caribe (ALC) se define generalmente como aquella que incluye América Central, América del Sur, México y el Caribe.[1] Existen algunas pequeñas variaciones en la forma en que distintos organismos internacionales definen la región en términos prácticos; por lo general, estas reflejan la inclusión o exclusión de varias islas no soberanas del Caribe y de la Guayana Francesa. Dejando de lado los debates académicos sobre la región como concepto o espacio cultural, más que como región geográfica, para los fines de este documento de contexto se tomará como definitiva la membresía autodefinida de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).[2] Con base en la definición de la región de la CELAC, ALC representa una población de aproximadamente 670 millones de personas [Worldometer, s.f.], una superficie terrestre de más de 20 millones de km² (aproximadamente 7.8 millones de mi², más del doble del tamaño de los Estados Unidos continentales) y un producto interno bruto de casi USD 5.5 billones en 2021 [Macrotrends, s.f.].

En términos geográficos, ALC comprende cuatro zonas climáticas (tropical, templada, árida y fría) y tres regiones físicas (montañas y tierras altas, cuencas fluviales y tierras bajas, y llanuras costeras); además, existen cinco zonas altitudinales definidas por la elevación. No resulta sorprendente que, en términos geográficos y climáticos, la región sea extraordinariamente diversa: contiene volcanes activos y múltiples líneas de falla,[3] hielo continental, la cordillera más larga del mundo, el río más caudaloso, el desierto más árido, la selva tropical más extensa y considerables recursos agrícolas y minerales.

Esta diversidad física constituye la base de la extraordinaria biodiversidad de América Latina. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estimó en 2016 que aproximadamente el 60 % de la vida terrestre mundial se encuentra en la región [Burgess et al., 2016], y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) señaló que el 10 % de esa biodiversidad se encuentra únicamente dentro del bioma amazónico, que comprende múltiples ecosistemas (y la posibilidad de una biodiversidad aún mayor, todavía desconocida [Hance, 2007]) distribuidos entre ocho países [WWF, s.f.]. Seis países de ALC son megadiversos, definidos como aquellos que cuentan con al menos 5,000 plantas endémicas y tienen frontera con ecosistemas marinos,[4] y cinco se encontraban entre los diez países con mayor biodiversidad del mundo en 2022, según el Global Biodiversity Index [Nash, 2022].[5]

Cabe destacar que la diversidad de la región de ALC incluye también la diversidad microbiana, descrita como “extensa y … endémica para una amplia variedad de infecciones” [Yeh, 2021]. Kenneth Yeh y sus colegas ofrecieron una visión general de los virus y enfermedades endémicos de la región, entre ellos dengue, malaria, enfermedad de Chagas, esquistosomiasis, leishmaniasis, chikungunya, malaria, tuberculosis, diversos arenavirus (incluidos Chapare, Guanarito, Junín, Machupo y Sabiá), diversos flavivirus (como fiebre amarilla y Zika) y diversos alfavirus (incluidos encefalitis equina venezolana, encefalitis equina oriental y Mayaro) [Ibid., p. 19]. La Imagen 1 resume la distribución regional de las enfermedades endémicas transmitidas por vectores en ALC.

Imagen 1. Enfermedades transmitidas por vectores en ALC, 2016.[6] Fuente: [PAHO, s.f.].

Desigualdad regional: enfoque en la atención sanitaria

Al considerar la susceptibilidad de las poblaciones de ALC frente a las enfermedades endémicas y (re)emergentes de la región, así como el impacto potencial que estas pueden tener dentro de la región y más allá de ella, deben tenerse en cuenta diversos factores socioeconómicos y políticos específicos de ALC.

En toda la región, de acuerdo con los criterios utilizados por el Banco Mundial, la mayoría de los países se consideran de ingreso medio-alto con base en el ingreso nacional bruto (INB) per cápita (19), mientras que varios países se clasifican como de ingreso alto (7) y unos pocos se encuentran en el grupo de ingreso medio-bajo (5). Ningún país de la región se encuentra en el grupo de ingreso bajo.

Tabla 1. Países de ALC por nivel de ingreso (año fiscal 2023)

Fuente: WB [s.f.].

Sin embargo, en su informe de perspectivas económicas de 2019 para ALC, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destacó que los países con ingresos per cápita similares pueden, no obstante, presentar perfiles de desarrollo muy diferentes, señalando que “los promedios nacionales ocultan una gran diversidad de resultados económicos y sociales entre las regiones subnacionales”. A nivel regional, el mismo informe describió como “evidentes” las disparidades entre Estados que nominalmente se encuentran en el mismo nivel de ingreso per cápita [OECD, 2019]. Un ejemplo del primer punto es el hecho de que, aunque existe una riqueza considerable en América Latina, un número significativo de personas en la región vive en pobreza extrema.[7] En 2016, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señaló que América Latina es “la región más desigual del mundo”, en la que el 71 % de la riqueza de la región se encuentra en manos de apenas el 10 % de la población, y una parte importante de esa riqueza se mantiene en el extranjero o no está sujeta a impuestos [Bárcena, 2016]. De hecho, menos del 10 % de los ingresos fiscales totales en ALC provienen de impuestos sobre la renta personal (en comparación con el promedio de la OCDE del 25 %), mientras que en (al menos) ocho países, el 10 % de las personas con mayores ingresos paga menos del 5 % de sus ingresos en impuestos personales [Segal, 2022, pp. 1088–9]. Para 2020, la desigualdad en la región se había reducido en cierta medida, con el 54 % de la riqueza regional en manos del 10 % más rico, y se observaron disminuciones de la desigualdad en varios países de ALC [World Inequality Database, 2020]. Sin embargo, a pesar de estos avances, apenas un año antes Paul Segal todavía podía describir la desigualdad como “uno de los rasgos más llamativos de la mayoría de las sociedades latinoamericanas” [2022].[8]

Enfermedades infecciosas en aumento

Durante el brote de Ébola de 2016 en África Occidental, Marcos Espinal y sus colegas consideraron la posibilidad de que el virus pudiera propagarse a América Latina. Aunque señalaron que, en general, se consideraba que dicha posibilidad era baja, subrayaron que “la región tiene todos los ingredientes para tener casos importados de enfermedad por el virus del Ébola y de cualquier otra enfermedad infecciosa emergente y reemergente, con potencial de propagación adicional” [2016, p. 279]. En este contexto, señalaron un número creciente de eventos de posible preocupación internacional para la salud pública, incluidos 93 eventos de este tipo en 2014, de los cuales más de la mitad fueron confirmados y afectaron a 27 países y territorios [Ibid.]. Yeh y sus colegas citaron esto como evidencia de que ALC se encuentra en “un riesgo particularmente alto de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes” [Yeh, p. 19].

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su más reciente Plan de acción sobre entomología y control de vectores (2018–2023), advirtió que se han producido epidemias repetidas de dengue durante los últimos 30 años, y que los casos han ido en aumento desde 2000 y se están extendiendo a nuevas áreas geográficas. Chikungunya y Zika, tras haber aparecido en la región relativamente recientemente (2013–14 y 2015–16, respectivamente), se volvieron rápidamente endémicos. Alfonso Rodríguez-Morales y sus colegas hicieron referencia a varios otros brotes notables desde 2019, entre ellos un número “asombroso” de casos de sarampión en 2019–20 en 14 países (aunque principalmente en Brasil), aumentos reportados de dos y tres veces en los casos de dengue en Bolivia, Honduras, México y Paraguay, y la propagación desde Venezuela de difteria y enfermedades transmitidas por vectores [2020].[17]

Ya en 1996 parecía que la incidencia de enfermedades infecciosas en ALC estaba aumentando. David Brandling-Bennett y Francisco Pinheiro abordaron específicamente esta cuestión, preguntándose si el aparente aumento era real o si, por el contrario, era resultado de una mejor notificación. De manera significativa, determinaron que la respuesta era “ambas”. Al explicar la reemergencia de enfermedades como el dengue, el dengue hemorrágico y el cólera, Brandling-Bennett y Pinheiro señalaron una serie de factores estrechamente relacionados con las cuestiones ya identificadas en este documento de contexto. Entre estos factores se encuentran los bajos niveles de inversión en salud pública, la urbanización, la invasión y deforestación de los bosques debido a presiones demográficas o comerciales, y el cambio climático [1996]. El impacto de los bajos niveles de inversión en salud pública y la consiguiente vulnerabilidad de las poblaciones frente a las enfermedades en este contexto ya está establecido. Quizás sean menos evidentes las intersecciones entre estos otros factores y el aumento de las enfermedades infecciosas.

La creciente —y cada vez más patogénica— interfaz entre los seres humanos y la vida silvestre

Reformulada como una expansión de la interfaz animal-humano, la relación entre urbanización, deforestación y cambio climático y el aumento de las enfermedades infecciosas se vuelve muy clara. En 2008, Kate Jones y sus colegas [2008] plantearon la misma pregunta que Brandling-Bennett y Pinheiro habían formulado una década antes: ¿puede explicarse el aumento en la incidencia de enfermedades infecciosas emergentes por una mayor notificación? Con base en su análisis, concluyeron que, incluso controlando el efecto de la notificación, los eventos de enfermedades infecciosas emergentes aumentan claramente con el tiempo. Y, al igual que Brandling-Bennett y Pinheiro, Jones et al. concluyeron que esto está “significativamente correlacionado con factores socioeconómicos, ambientales y ecológicos”. De manera importante, a partir del análisis de estos factores, sus resultados también proporcionaron una forma de identificar regiones que describieron como “hotspots de enfermedades emergentes”. Como señalaron, la mayoría de las enfermedades infecciosas emergentes son de naturaleza zoonótica (60.3 %), y la mayoría de estas (71.8 %) tienen su origen en la vida silvestre; también plantearon la hipótesis de que esto está altamente correlacionado con la biodiversidad de la vida silvestre. Entre sus conclusiones se encontraba que ciertas zonas de América Latina de baja latitud pueden considerarse “hotspots” de enfermedades infecciosas emergentes originadas en la vida silvestre, así como de patógenos transmitidos por vectores. Entre sus recomendaciones, centradas en gran medida en la vigilancia sanitaria en hotspots de enfermedad, figuraba la necesidad de realizar esfuerzos para reducir la actividad humana en áreas caracterizadas por una elevada biodiversidad, con el fin de reducir las posibilidades de emergencia de enfermedades zoonóticas. Quince años después, existe una literatura científica considerable que vincula la emergencia de enfermedades infecciosas con la interfaz humano-animal y, huelga decirlo, en el mundo posterior a la COVID-19, las implicaciones del creciente contacto entre las personas y la vida silvestre se han vuelto especialmente evidentes.

Varios de los factores que Brandling-Bennett y Pinheiro identificaron en 1996 como relacionados con el aumento de eventos de enfermedades emergentes —la urbanización, la invasión de los bosques debido a presiones demográficas o comerciales y el cambio climático— lo están precisamente porque impulsan una mayor interacción entre humanos y animales y, especialmente, con la vida silvestre. Estos factores impulsan, y a su vez son impulsados por, cambios en los patrones de uso del suelo, crecimiento demográfico y cambios ambientales rápidos (a diferencia del cambio climático de largo plazo), de formas complejas, interconectadas y, en ocasiones, impredecibles.

Quizás el factor más significativo que impulsa estas tendencias en la región de ALC sea la deforestación de la Amazonia. Joel Henrique Ellwanger y sus coautores realizaron una revisión de los impactos de gran alcance y, en ocasiones, imprevistos que la deforestación amazónica tiene sobre las enfermedades infecciosas y la salud pública. Su análisis comenzó señalando que existe un “sólido cuerpo de evidencia” que vincula la deforestación de la Amazonia con el cambio climático y, además, que “el vínculo entre los ‘desequilibrios ambientales’ y las ‘enfermedades infecciosas emergentes’ ya está bien establecido en la literatura” [2020, pp. 2–3]. Más allá de los impactos específicos del cambio climático, se centraron en las formas en que una amplia gama de tendencias asociadas con la deforestación en la región —la intensificación agrícola y el cambio en el uso del suelo, la minería, la contaminación del agua y las inundaciones, la urbanización y la desurbanización, las represas hidroeléctricas y los sistemas de riego, la infraestructura de transporte, la migración humana, la caza y el consumo de carne de animales silvestres, y la prostitución— aumentan la interacción entre los seres humanos y la vida silvestre, afectan la dinámica de los vectores y favorecen la circulación de patógenos.

Al igual que Jones et al., quienes determinaron una correlación entre las enfermedades zoonóticas y la biodiversidad y recomendaron reducir la actividad humana en áreas biodiversas, Ellwanger et al. destacaron el hecho de que las zonas biodiversas contienen patógenos diversos y que “preservar estos ambientes y su rica biodiversidad es, hasta cierto punto, una forma de prevenir las enfermedades infecciosas emergentes… las alteraciones en ecosistemas altamente biodiversos facilitan la emergencia y propagación de nuevas infecciones humanas” [p. 14]. Sin embargo, también señalaron que la pérdida de biodiversidad en sí misma puede afectar la emergencia de enfermedades infecciosas. Citando trabajos realizados en estudios anteriores, advirtieron que “la pérdida de biodiversidad animal y vegetal reduce e incluso extingue nichos ecológicos ocupados por depredadores, vectores de enfermedades y patógenos. Por otro lado, la pérdida de biodiversidad crea nuevos nichos que pueden ser ocupados por especies reservorio alternativas, vectores, huéspedes y patógenos” [Ibid.].

Por lo tanto, resulta motivo de considerable preocupación que, como se informa con frecuencia, la deforestación ya haya tenido un impacto significativo sobre la biodiversidad del bioma amazónico. Un informe de WWF de 2022 determinó que el 26 % de la Amazonia se encuentra en un estado de “perturbación avanzada” y que las poblaciones de anfibios, aves, mamíferos, peces y reptiles de la región han disminuido en promedio un 69 % durante los últimos 50 años [Pelcastre, 2022]. La deforestación de la Amazonia no sólo está aumentando la intersección entre los hábitats humanos y los de la vida silvestre, sino que también está haciendo que esa intersección sea potencialmente más patogénica.

Más allá del bioma amazónico

Como el país que alberga la mayor porción de la Amazonia dentro de sus fronteras, Brasil se ve especialmente afectado por la deforestación, pero los demás países de la cuenca amazónica (Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana y Surinam) también están experimentando pérdida de biodiversidad. Más allá de la Amazonia, el patrón se está reproduciendo en toda la región, y el informe de WWF identificó otras áreas de especial preocupación en ALC: el Bosque Atlántico (que incluye partes de Brasil, Argentina y Paraguay), los Andes septentrionales hasta Panamá y Costa Rica, y la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala.

La conversión del suelo para apoyar actividades económicas es el principal impulsor de la deforestación y de la invasión humana de los hábitats de la vida silvestre. Muchos países de ALC dependen de la extracción de recursos (incluidas la minería[18] y el petróleo) y de la agricultura. Varios países de ALC son importantes productores de carne y aves de corral: Argentina, Brasil y Uruguay son productores de carne bovina de importancia mundial, mientras que Brasil, México, Argentina, Perú y Colombia se encuentran entre los principales productores de pollo del mundo.[19] Además de la producción de carne, productos de exportación como guano, azúcar, soja, café, tabaco, petróleo, mineral de hierro y cobre constituyen aportes importantes a los presupuestos nacionales. El aumento de la demanda internacional de productos básicos ha sido un factor impulsor de la conversión de bosques en tierras agrícolas. Viviana Zalles y sus coautores encontraron que la producción agrícola en América del Sur aumentó significativamente entre 1985 y 2018 y sugirieron que “dado que los aumentos en la producción de productos agrícolas están vinculados a los usos del suelo destinados a dichos productos, es probable que ninguna región de la Tierra haya experimentado la escala de conversión del suelo para la producción de productos agrícolas que ha experimentado América del Sur” [2021]. Específicamente, determinaron que desde 1985 la superficie de tierra con cobertura arbórea natural había disminuido en un 16 %, mientras que se habían producido aumentos sustanciales en las tierras destinadas a pastoreo (23 %), cultivos (160 %) y plantaciones (288 %). Con referencia a la región en su conjunto, un informe de Naciones Unidas de 2019 señaló de manera similar un aumento entre 2000 y 2016 en la conversión neta de bosques a tierras de cultivo y otros usos; durante este periodo se registró un aumento del 70 % en las tierras de cultivo y una reducción del 55 % en los bosques [UN Convention to Combat Desertification, 2019, p. 18].[20]

No puede pasarse por alto la participación del crimen organizado en actividades que contribuyen a la deforestación y al aumento de la interacción entre los seres humanos y la vida silvestre. Jennifer Devine señaló que las organizaciones de narcotráfico de América del Sur y Central son “la vanguardia de la deforestación” [Devine, 2021], al participar en la tala ilegal y la cría de ganado como medios para lavar dinero. El informe de WWF también vinculó la deforestación en la Amazonia colombiana con las actividades del Ejército de Liberación Nacional y el Clan del Golfo, ambos relacionados con la tala y la minería ilegales, mientras que en Guatemala los narcotraficantes despejan bosques para construir pistas de aterrizaje. También resulta motivo de grave preocupación el tráfico ilegal de vida silvestre en toda la región; Sharon Guynup advirtió que el tráfico de vida silvestre se ha convertido en la cuarta actividad criminal más grande a nivel mundial y es “ahora la principal amenaza” para los animales de la región, señalando que ALC ha “experimentado disminuciones catastróficas de la vida silvestre” durante los últimos 40 años [2022].

Considerados en conjunto, el aumento de la interfaz entre los seres humanos y la vida silvestre, la pérdida de biodiversidad y el riesgo concomitante de enfermedades infecciosas emergentes constituyen un claro motivo de preocupación. Muchos gobiernos de la región ya han dado la voz de alarma sobre la deforestación, y existen proyectos en marcha para intentar frenarla o revertirla, a menudo con el apoyo de organizaciones como el Banco Mundial. Varios países han logrado reducir las áreas agrícolas y aumentar las áreas forestales, mantener estables las tierras agrícolas y forestales o, como en el caso de Chile, aumentar tanto las áreas agrícolas como las forestales [UN Convention to Combat Desertification, 2019, p. 19]. Sin embargo, la acción sostenida de los gobiernos y la coordinación en toda la región suelen ser difíciles de lograr, dado que muchos países de ALC experimentan inestabilidad económica y política, ambas condiciones que comprometen la capacidad de los Estados para responder a estos desafíos y a los eventos sanitarios que pueden derivarse de ellos.

Inestabilidad económica y política

La región de ALC tiene una historia compleja en la que la guerra, el autoritarismo, la agitación social y la dependencia económica y política han ocupado un lugar destacado. Incluso después de la transición hacia la democracia en gran parte de la región durante la década de 1980, ALC no ha podido escapar del impacto persistente de estos rasgos de su pasado. En la actualidad, la región continúa experimentando una inestabilidad económica y política que se refuerza mutuamente en un contexto de considerable desigualdad, lo que no sólo impulsa los procesos descritos anteriormente, sino que también complica la capacidad de los Estados para cambiar de rumbo.

En el ámbito económico, como ya se ha señalado, uno de los principales motores de la deforestación y la conversión del suelo es la fuerte dependencia de muchos países de ALC del comercio de productos básicos. Dada esta orientación externa, las economías de ALC están, por tanto, desproporcionadamente vinculadas al mercado mundial: una demanda internacional sólida de los productos de la región es vital. Las recesiones mundiales son “siempre malas noticias para los productos básicos”, ya que provocan una disminución de su demanda, una situación que “nunca es buena para una región cuya economía puede considerarse ‘vieja’, como es el caso de América Latina” [Alvarez, 2023]. La disminución o fluctuación de los ingresos procedentes del comercio ejerce una presión adicional sobre economías que ya tienen dificultades para gestionar importantes desafíos económicos. En la década de 1990, la región se vio duramente afectada por una serie de crisis externas, entre ellas las crisis financieras mexicana, argentina, rusa, brasileña y asiática; volvió a verse afectada durante la crisis financiera de 2008. En la actualidad, existen señales de que una recesión mundial posterior a la COVID se encuentra en el horizonte cercano.

Además de —o quizás debido a— el impacto que esto tiene sobre la capacidad de los Estados para asignar recursos al gasto social en ámbitos como infraestructura, atención sanitaria, educación y reducción de la pobreza, existe una relación directa entre desafíos económicos de este tipo y la inestabilidad política. Monica de Bolle [2022] describió cómo la insatisfacción popular con el desempeño económico de los gobiernos ha provocado un “vaciamiento” del centro político y ha llevado a los votantes de países como Brasil, Chile, Colombia y México a elegir líderes de los extremos políticos, que pueden o no ser capaces de implementar respuestas de política adecuadas a los desafíos económicos que enfrentan. Como señaló de Bolle, las sociedades de ALC están altamente polarizadas y “los gobiernos de la región han oscilado de un lado a otro, de la derecha a la izquierda, durante los ciclos electorales, y cada nuevo régimen deshace lo que hizo el anterior, incluidas, en muchos casos, políticas y reformas sensatas”. Es este último punto el que de Bolle subrayó especialmente: la ausencia de continuidad en las políticas es motivo de preocupación porque, sin ella, el crecimiento sostenible a largo plazo se vuelve improbable.

Sin duda, existen muchas otras razones para preocuparse por la inestabilidad económica y política, incluidas consideraciones geopolíticas regionales y cuestiones relacionadas con la desigualdad y la justicia social. El auge del extremismo parece poco probable que remedie la desigualdad que caracteriza a la región, como se señaló anteriormente, y esto también puede convertirse cada vez más en una fuente de inestabilidad política. Sin embargo, en el contexto de este documento de contexto, el punto clave es que, aunque los gobiernos de la región son plenamente conscientes de los desafíos que enfrentan en relación con su vulnerabilidad frente a las enfermedades y los eventos de enfermedad, así como de los riesgos asociados con una creciente intersección entre los seres humanos y la vida silvestre, y aunque además puedan haber desarrollado estrategias de preparación para pandemias con el fin de responder a estas cuestiones, pueden encontrar dificultades para llevar a cabo un programa de acción a largo plazo. Aunque existen otros factores que pueden comprometer la capacidad de los Estados para actuar —en particular la corrupción y el crimen organizado—, los gobiernos vulnerables pueden centrarse en atender intereses de corto plazo en lugar de comprometer recursos con planes de largo plazo que podrían ser revertidos en las siguientes elecciones.

La influencia regional de China

La interconexión de muchas de estas cuestiones en relación con las enfermedades endémicas y (re)emergentes en ALC, y con la particular vulnerabilidad de la región frente a ellas, puede ilustrarse considerando la creciente influencia de China en ALC. En el transcurso de aproximadamente 20 años, el comercio entre China y ALC se multiplicó por 26, y China se convirtió en el segundo socio comercial más importante de la región (después de Estados Unidos) y en el principal socio comercial de América del Sur. Además, China ha firmado acuerdos de libre comercio con varios países de ALC. China destina una cantidad considerable de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) a la región, y sus bancos comerciales y de política pública son importantes prestamistas para numerosos países de ALC; Diana Roy [2022] estimó que en 2020 la AOD china ascendió a USD 17 mil millones (principalmente en América del Sur) y que entre 2005 y 2020 se otorgaron préstamos por USD 137 mil millones.

China ha impulsado activamente su Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) —un programa de financiamiento de infraestructura de varios billones de dólares— en ALC desde 2017, atraída por los recursos naturales y los productos agrícolas de la región, así como por el potencial de ALC para convertirse en un mercado de exportación para productos chinos.[21] Los países latinoamericanos han mostrado una gran receptividad y, a diciembre de 2021, 20 países de ALC eran participantes oficiales de la BRI. Como señalaron Werner Raza y Hannes Grohs [2022], no resulta sorprendente que muchos países de ALC consideren que “unas relaciones económicas y políticas más estrechas con China son estratégicamente importantes… la relación ofrece la posibilidad de aumentar los ingresos por exportaciones, la transferencia de tecnología y una fuente adicional de financiamiento externo… [así como] una menor dependencia económica de los mercados tradicionales de exportación de Estados Unidos y Europa”. Alvarez [2023] subrayó la importancia del comercio con China al señalar que, en el contexto de la desaceleración mundial prevista para 2023, “prácticamente todos los análisis sobre lo que puede ocurrir con la economía chilena… ponen sobre la mesa el factor chino: si se levantan las restricciones a la movilidad provocadas por el coronavirus, China demandará cobre, y esto beneficiará a Chile. Si ocurre lo contrario, el país sudamericano sufrirá”. “Lo mismo”, continuó, “puede replicarse al pensar en la soja del lado argentino, y habría un ejemplo para cada país de la región”.

Por atractiva que pueda resultar para los países de la región la afluencia de inversión y comercio chinos, también existen motivos de preocupación. Al igual que otros autores, Julio Armando Guzmán señaló que, en el periodo posterior a la COVID, América Latina se encaminaba hacia una etapa de bajo crecimiento, a medida que disminuían los precios de los productos básicos, aumentaban las tasas de interés y se estancaba la demanda mundial. En ese contexto, sugirió que “la inversión china… será difícil de resistir”, al tiempo que advirtió que “el dinero viene con condiciones”. La vulnerabilidad económica de ALC y la capacidad de China para mitigar los efectos de la disminución del PIB en toda la región significan que los gobiernos de ALC tendrán “menos margen político… para resistirse a mantener la economía a flote a cualquier costo” [2023].

Existen numerosos costos económicos y políticos que podrían derivarse de la dependencia de la región respecto de la inversión y el comercio chinos. En un contexto de inestabilidad política y vulnerabilidad económica, numerosos observadores han advertido que la creciente influencia de China en la región constituye un motivo de preocupación en relación con la deforestación y la pérdida de biodiversidad.

Hongbo Yang y sus colegas llevaron a cabo una evaluación global de los riesgos que plantea el financiamiento chino para el desarrollo en el extranjero sobre la biodiversidad y las tierras indígenas, mediante el seguimiento de los préstamos otorgados por los dos principales bancos de política pública chinos entre 2008 y 2019. Un hallazgo clave de su estudio es que el 63 % de los préstamos de inversión extranjera directa (IED) de China involucran proyectos cuyos emplazamientos se superponen con hábitats críticos, áreas protegidas designadas o tierras indígenas; los autores identifican la cuenca amazónica como uno de los hotspots mundiales en los que existen riesgos tanto para la biodiversidad como para las tierras indígenas [2021, p. 1521]. También encontraron que, en comparación con los proyectos financiados por el Banco Mundial, aquellos financiados por los bancos de política pública chinos “presentan mayores riesgos” para la biodiversidad y las tierras indígenas [Ibid., p. 1523]. Sin embargo, Yang y sus coautores no sugirieron que exista algo inherentemente problemático en la inversión china, y señalaron que es posible que estos proyectos de alto riesgo hayan sido aprobados porque cumplen una función social importante (como mejorar las carreteras en zonas remotas) o porque se habían desarrollado estrategias adecuadas de mitigación del riesgo.

Divya Narain adoptó una postura menos agnóstica respecto de la inversión china, señalando que dos de los mayores bancos de desarrollo chinos no cuentan con salvaguardas de biodiversidad, que sólo uno de 35 inversionistas chinos en la BRI dispone de salvaguardas de este tipo y que los reguladores chinos no especifican ningún requisito vinculante de mitigación del impacto sobre la biodiversidad [2022, p. iii]. Como señaló, esto significa que la responsabilidad de desarrollar y hacer cumplir las salvaguardas de biodiversidad recae en el país receptor, una tarea que, por las razones descritas anteriormente, los Estados de ALC pueden mostrarse reacios o ser incapaces de llevar a cabo.[22] Ciara Nugent y Charlie Campbell [2021] ofrecieron varios ejemplos de proyectos que ponen de relieve el problema, entre ellos la cancelación de un proyecto de refinería de petróleo en Costa Rica después de que funcionarios locales descubrieran un conflicto de interés en la realización de los estudios de impacto ambiental, y un desastroso proyecto de represa en Ecuador facilitado por una corrupción generalizada. Maxwell Radwin [2023] presentó una visión general de un informe dirigido a las Naciones Unidas que examinó 14 proyectos en nueve países de ALC, en los que se produjeron “abusos corporativos” en “ecosistemas frágiles” y que dieron lugar a “daños ambientales significativos”. Estos proyectos incluían represas, campos petroleros, trenes y plantas de procesamiento de animales.

Además del impacto directo de los proyectos chinos de infraestructura en la región, ha existido un impacto indirecto, y quizás incluso más significativo, sobre la biodiversidad en ALC relacionado con la creciente presencia china. La U.S.-China Economic and Security Review Commission afirmó de manera inequívoca [2018] que China es el mayor mercado para productos procedentes del tráfico de vida silvestre. En este contexto, Guynup sugirió que la afluencia de empresas y trabajadores chinos a ALC ha creado “un canal para el comercio de vida silvestre”, señalando que la deforestación y las incursiones generadas por los proyectos de infraestructura y la extracción de recursos naturales abren espacios en los que los cazadores furtivos pueden operar con facilidad [2023].[23] Esto no puede separarse del crimen organizado; según Interpol, el tráfico de vida silvestre y los delitos relacionados (lavado de dinero, corrupción y fraude) tienen un valor de USD 20 mil millones al año [Interpol, s.f.].[24] Dada la participación del crimen organizado, muchos Estados de ALC han elevado el tráfico de vida silvestre al nivel de asunto de seguridad nacional; sin embargo, como detalló Guynup, citando una investigación de las Naciones Unidas, la capacidad de muchos Estados de ALC para combatir el problema se ve socavada por una corrupción generalizada que involucra a guardaparques, policías, personal militar, agentes de aduanas y funcionarios de alto nivel. La participación del crimen organizado, en particular, hace que los esfuerzos de intervención sean muy peligrosos: un informe de Global Witness determinó que el 75 % de los 200 ambientalistas asesinados a nivel mundial en 2021 se encontraban en América Latina. De manera significativa, se implicó a autoridades locales, junto con empresas y “otros actores no estatales”, pero los responsables rara vez son llevados ante la justicia [Hines, 2022].

La región de ALC: la tormenta perfecta

Tomando en consideración todos estos factores, resulta claro que ALC es más que un hotspot de enfermedades; en la medida en que los Estados de la región se encuentran limitados en su capacidad para gestionar el desafío —y, de hecho, en la medida en que sus agendas económicas y políticas agravan el problema—, resulta claro que en la región están dadas las condiciones para una “tormenta perfecta”. El devastador impacto y la rápida propagación de la COVID-19 en ALC [Gamba et al., 2022],[25] a pesar de que las autoridades sanitarias dispusieron de un tiempo considerable para prepararse antes de que apareciera por primera vez en la región (el primer caso en la región se notificó el 26 de febrero de 2020), ilustran los desafíos muy reales existentes en este contexto.

Yeh et al., en su revisión de los riesgos para la salud global en América Latina, señalaron que, con respecto a la propagación de la COVID-19 en toda la región, “la combinación de una infraestructura sanitaria inconsistente, economías frágiles y escenarios políticos y económicos complejos ha permitido la intensa propagación de la COVID-19 incluso hacia las zonas más remotas de América Latina, incluidas poblaciones indígenas a lo largo del Amazonas a las que sólo se puede llegar en barco” [2021]. Fernando Ruiz-Gómez y Julián Fernández-Niño [2022] explicaron que el impacto de la COVID-19 en zonas rurales y remotas fue inesperado porque las poblaciones son dispersas y jóvenes, pero que, por el contrario, las disparidades regionales en la atención sanitaria, una autoridad sanitaria debilitada y desigualdades sociales históricas hicieron que estas zonas fueran especialmente vulnerables. Álvaro Schwalb y sus colegas [2022] también determinaron que, además de una falta general de preparación para la pandemia, “los sistemas sanitarios frágiles, las marcadas desigualdades y el escaso apoyo gubernamental facilitaron la propagación del virus en toda la región”. Asimismo, señalaron que, a pesar de la llegada tardía de la COVID-19 a la región y del tiempo disponible para aprender de las estrategias desarrolladas en otros lugares, el impacto del virus fue “catastrófico”.

En este sentido, William Savedoff y sus colegas [2022] señalaron que los países de ALC intentaron aprovechar este retraso en la llegada de la COVID-19 implementando medidas tempranas como confinamientos, restricciones a los viajes y cierres de escuelas, y que para el 1 de abril la mayoría de los países de la región habían implementado políticas estrictas de contención. Sin embargo, observaron que la aplicación de estas medidas varió considerablemente en toda la región, al igual que la “coordinación interna, el compromiso del liderazgo, la aplicación de las medidas y la coordinación pública”. También señalaron, al igual que otros observadores, que no puede pasarse por alto el hecho de que en toda la región existe una gran economía informal, dentro de la cual las personas trabajan o no reciben ingresos, como un factor clave que afectó la transmisión de la COVID-19.

Estas son sólo algunas de las formas en que los factores analizados en este documento de contexto se intersectaron para hacer que la región fuera especialmente, y de manera variable, susceptible a la propagación de la COVID-19 en ALC, y es razonable esperar que, incluso con inversiones sustanciales en atención sanitaria, las cuestiones socioeconómicas y políticas más amplias continúen afectando la capacidad de los países de ALC para responder eficazmente a futuras crisis sanitarias.

Conclusión

Las cuestiones y complicaciones descritas en este documento de contexto sólo pueden abordarse mediante una acción concertada de los Estados de toda la región de ALC y, aun en ese caso, no pueden aislarse de toda una serie de cuestiones globales transversales. Ninguna de ellas se resolverá sino a largo plazo. Sin embargo, la amenaza que representan las enfermedades endémicas y (re)emergentes en la región exige una respuesta en un plazo mucho más corto.

A corto y mediano plazo, especialmente cuando múltiples factores complican la capacidad de responder a enfermedades endémicas o (re)emergentes, resulta vital fortalecer los recursos para detectar y vigilar estas enfermedades con la mayor rapidez posible. Los laboratorios constituyen un recurso clave en este contexto y un elemento vital de la preparación ante pandemias. Las prácticas adecuadas de bioseguridad y bioprotección, llevadas a cabo por profesionales capacitados en el contexto de laboratorios diseñados apropiadamente, constituyen un elemento indispensable de una “primera línea de defensa”, especialmente cuando las circunstancias exigen que los laboratorios sean flexibles con respecto a los patógenos que puedan verse obligados a manejar. Es importante señalar que el fortalecimiento de la capacidad de laboratorio nacional o regional es una tarea relativamente sencilla; aunque pueden ser necesarias inversiones significativas para ampliar y mantener la infraestructura de laboratorio, las evaluaciones de brechas en los sistemas de salud, como las facilitadas por el proceso de Evaluación Externa Conjunta (JEE) de la OMS, pueden ayudar a los Estados de ALC a desarrollar estrategias costo-efectivas y focalizadas para mejorar su capacidad de prevenir, detectar y responder a eventos sanitarios. La mejora de la capacidad de laboratorio en este contexto es sólo una pieza de un rompecabezas de seguridad sanitaria mucho más amplio y complejo en la región; sin embargo, es una pieza de importancia crítica y una que podría ganar tiempo mientras otros elementos se resuelven a más largo plazo. Varios Estados de la región de ALC han invertido recientemente, o están planificando invertir, recursos para fortalecer su capacidad de laboratorio, entre ellos México, Colombia, Bolivia, Brasil, Panamá y Perú.

NOTAS

[1] A menudo se hace referencia a la región simplemente como “América Latina”, término que se entiende que incluye al Caribe.

[2] Estos son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Véase CELAC [s.f.].

[3] El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) describe a América del Sur como “una de las regiones del mundo más propensas a terremotos” [La Point, 2018], mientras que Moody’s [s.f.] señala que la región de ALC abarca “diferentes entornos tectónicos complejos”.

[4] Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela.

[5] En orden: Brasil (1), Colombia (3), México (5), Perú (7) y Ecuador (9).

[6] Compilado por la OPS con base en datos recopilados entre 2000 y 2016.

[7] El Banco Mundial estima que aproximadamente el 11 % de las personas en 18 países de ALC viven en pobreza extrema, definida como vivir con menos de USD 1.90 al día [Alvarez, 2022].

[8] Resulta evidente que la desigualdad económica no puede comprenderse separada de las instituciones sociales, culturales y político-legales que la sostienen y reproducen. Este documento de contexto no aborda el contexto más amplio de la desigualdad en la región, salvo para señalar que la desigualdad económica creada/mantenida por un sistema tributario que favorece al 10 % es claramente tanto una cuestión política como económica.

[9] Estos indicadores (y sus subindicadores) fueron clasificados individualmente para determinar una “puntuación del sistema de salud” general: capacidad sanitaria en clínicas, hospitales y centros de atención comunitaria, capacidad de las instalaciones, cadena de suministro para el sistema de salud y los trabajadores sanitarios, contramedidas médicas y despliegue de personal, acceso a la atención sanitaria, comunicaciones con los trabajadores sanitarios durante una emergencia de salud pública, prácticas de control de infecciones y capacidad para probar y aprobar nuevas contramedidas médicas. El GHS Index, incluido el informe, el modelo de datos y el informe metodológico, está disponible en: https://www.ghsindex.org/report-model/.

[10] Dominica y San Cristóbal y Nieves.

[11] Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Cuba, República Dominicana, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Santa Lucía y Venezuela.

[12] San Vicente y las Granadinas y Surinam.

[13] Costa Rica, El Salvador, Paraguay, Trinidad y Tobago y Uruguay.

[14] Brasil y Nicaragua.

[15] Chile, Ecuador, México y Panamá.

[16] Argentina y Perú.

[17] Al escribir al inicio de la pandemia de COVID-19, los autores ya anticipaban que, tras la identificación del primer caso en Brasil en febrero de 2020, sería posible “una expansión significativa en la región”.

[18] La OPS describió los considerables avances logrados hacia la eliminación de la malaria en las Américas, pero también señaló que la expansión de la minería de oro, en ausencia de medidas de control ambiental o vectorial, ha provocado brotes en Guyana, algunos países de América Central y Venezuela [2018, p. 3].

[19] Además de contribuir a la pérdida de biodiversidad mediante la conversión de tierras en pastizales, el crecimiento de la producción industrializada de carne conlleva mayores riesgos de patógenos zoonóticos entre animales mantenidos en condiciones no naturales y también amplifica la interfaz humano-animal.

[20] La relación entre esta conversión hacia usos agrícolas del suelo y la pérdida de biodiversidad puede observarse de formas a veces inesperadas. El Bosque Atlántico, ubicado en la costa atlántica de Brasil e incluyendo partes de Paraguay y Argentina, sigue siendo una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo a pesar del enorme impacto de la actividad humana —tala, pastoreo y agricultura (hasta la fecha se ha convertido el 88 % del bosque)—. Además de la pérdida directa de biodiversidad resultante, el aumento de la interfaz entre los seres humanos y la vida silvestre genera desafíos adicionales. Uno de ellos es la amenaza que representa la expansión de los cerdos silvestres en América del Sur, y específicamente en el Bosque Atlántico. Clarissa Alves de Rosa señaló que los cerdos silvestres —que pueden tener importantes impactos ambientales relacionados con daños al suelo, destrucción de manantiales y hábitos de alimentación— están prosperando en el entorno “perfecto” que existe en la intersección entre las explotaciones agrícolas y el bosque. Como señaló, “tienen el ambiente perfecto: hay fragmentos de bosque donde pueden refugiarse y cultivos agrícolas donde pueden alimentarse” [citado en Araujo Prado dos Anjos, 2023].

[21] Existen, por supuesto, motivaciones políticas para la expansión de la BRI hacia América Latina, entre las que destaca el objetivo de aislar a Taiwán.

[22] Narain encontró que sólo el 60 % de los países con proyectos hidroeléctricos de la BRI contaban también con políticas de mitigación del impacto sobre la biodiversidad [Ibid., p. iv.].

[23] También señaló el aumento de la caza a gran escala de animales silvestres para consumo, impulsada por trabajadores chinos; Yeh et al. [2021] analizaron los riesgos directos para la salud asociados con el aumento de la demanda y el consumo de carne de animales silvestres.

[24] Tampoco puede separarse de las grandes empresas. En octubre de 2023, la Environmental Investigation Agency (EIA) del Reino Unido informó que había encontrado evidencia de que 72 empresas chinas —incluidos tres grandes grupos farmacéuticos chinos que cotizan en bolsa— utilizan partes de animales cuyo comercio internacional está prohibido por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). El informe señaló que, con respecto a los leopardos (que se encuentran en América del Sur y Central), dado que no se crían habitualmente en cautiverio, que sus poblaciones en China son reducidas y que están protegidos por la prohibición de comercio establecida por CITES, “no está claro cómo puede satisfacerse mediante suministros legales la demanda para estos productos”. Grandes empresas e instituciones financieras, entre ellas BlackRock, Citigroup, Deutsche Bank, Royal Bank of Canada y HSBC, figuran entre los inversionistas de estas compañías farmacéuticas chinas, a pesar de sus declaraciones públicas de apoyo a la conservación de la biodiversidad [EIA, 2023].

[25] ALC ha sido caracterizada como uno de los epicentros de la pandemia, al concentrar el 15 % de todos los casos a nivel mundial y un asombroso 28 % de todas las muertes, pese a representar únicamente el 8.4 % de la población mundial [Gamba et al., 2022].

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